COMPLIANCE EN EDUCACIÓN

A raíz de la pandemia que vivimos se vienen presentando consultas sobre las diferentes normas que ha expedido el gobierno nacional. La falta de conocimiento de las instituciones de educación sobre sus contenidos y forma de aplicación, así como las nuevas normas sobre procesos de registro y acreditación plantean la necesidad de contar con un programa de compliance.

Este concepto anglosajón, a veces extraño para nosotros y en particular en el sector de educación, es simplemente la identificación de normas y políticas a fin de dar cumplimiento y gestionar los riesgos a los que están expuestas las organizaciones.

Es indudable que el sector educativo ha venido siendo objeto de una gran explosión normativa que procede de diferentes organismos y que han vuelto muy compleja la gestión de este tipo de instituciones. 

Muchos de los riesgos son de orden penal como el lavado de activos, delitos fiscales, desviación de recursos públicos, fraudes informáticos, habeas data, propiedad intelectual, afectaciones a la integridad de miembros de las comunidades académicas, entre otros. No son pocos los casos conocidos.

Pero también se han establecido exigencias por parte de Ministerio de Educación Nacional en el Decreto 1330 de 2019 en materia de políticas, gobierno universitario, rendición de cuentas, gestión de información y arquitectura institucional. Asimismo, la nueva resolución sobre acreditación institucional establecerá condiciones sobre gobierno institucional y transparencia, buen gobierno y máximos órganos, relación con grupos de interés, rendición de cuentas, gestión y sostenibilidad, procesos de comunicación, entre otros.

Las instituciones de educación tienen por naturaleza una vocación de permanencia en el tiempo y es necesario implementen un programa de compliance, que proteja la responsabilidad tanto de las organizaciones, como de sus directivos y funcionarios, además de ser un factor de confianza para la sociedad.