El
sistema de financiación de la educación superior ha venido siendo un asunto de largas
discusiones en los años recientes en Colombia. Desde la disminución de aportes de
la nación a las instituciones públicas a partir de la expedición de la Ley 30
de 1992, que en años recientes ha venido siendo ajustada gracias a la protesta
estudiantil, pasando por la asignación de recursos a las IES privadas con 1.04.371
estudiantes en relación con 740.801 de las públicas - según presentación
reciente del Viceministro de Educación Superior-, hasta los apoyos y subsidios a
la población menos favorecida, en especial de estratos 1 y 2, ha sido la gran
piedra en el zapato para las recientes Ministras de Educación.
Con
la situación generada por el COVID 19 todo el sector ha reclamado acciones del
gobierno nacional. Aunque las medidas han tardado en ser anunciadas, muchas son
de carácter general a todos los sectores y se han limitado a líneas de crédito,
en especial a la demanda, al día de hoy pueden resumirse en estas:
-
Acceso a los beneficios definidos por el
Gobierno nacional como subsidios de nómina.
- Créditos
del Fondo Nacional de Garantías por 1.5 billones de pesos, con plazo de 36 a 48
meses de plazo, con 7 meses de gracia en capital e intereses y garantía de la
nación del 80%, para pago de nómina y capital de trabajo.
- Créditos
de FINDETER por 200.000 millones de pesos, con plazo de 5 años y 2 de período de
gracia, para compensar los incentivos que las IES den a sus estudiantes en el
pago de las matrículas. Adicionalmente, las IES que ya tienen créditos con esta
entidad, podrán pedir un período de gracia hasta de 3 meses.
-
Creación del Fondo Solidario para la
Educación establecido para todo el sistema educativo y que, para educación
superior, establece el Plan de Auxilios Educativos para beneficiarios del ICETEX
consistente en periodo de gracia en cuotas de créditos vigentes, reducción transitoria
de intereses al lPC, ampliación de plazos en los planes de amortización, otorgamiento
nuevos créditos sin codeudor solidario y un auxilio económico para el pago de
la matrícula de los jóvenes en condición de vulnerabilidad en IES públicas. Este
fondo fue reglamentado por el Decreto 662 de 2020.
Ahora
se espera que los créditos del Fondo Nacional de Garantías y de FINDETER sean
reglamentados prontamente y los recursos lleguen ágilmente a las IES, pero
estas medidas están lejos de resolver la situación. Tampoco las decisiones tomadas
de apoyo a la demanda a través del ICETEX evitarán la deserción que se espera en
los próximos meses.
Las
IES todavía deberán lidiar con los reclamos de los estudiantes sobre reducción
de los valores de matrículas. Aunque es un sector al que tradicionalmente le
cuesta adaptarse a las nuevas realidades, tendrá que hacerlo.
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