El Ministerio de Educación Nacional organizó la semana pasada un conversatorio sobre la Ley 1740 de 2014, conocida como la Ley San Martín, la cual modifica disposiciones de la Ley 30 de 1992 sobre inspección y vigilancia y que otorga al gobierno herramientas de intervención en instituciones de educación superior.
La reunión se desarrolló entre un equipo de buenos muchachos por parte de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del MEN, jovenes que confiesan no haber trabajado nunca en universidad alguna, y de la otra, los Directivos de las IES llenos de temores y de preguntas sobre cada una de sus actuaciones, que parecerían bajo sospecha.
Es verdad que la Ministra de Educación, Gina Parody, tuvo el coraje de enfrentar los graves hechos que afectaban a la Universidad San Martín y resulta admirable la labor de las personas que actualmente buscan salvar a esta Institución, pero desconocer principios de autonomía universitaria o de libertad de cátedra para evitar que se repitan hechos como este, resultan una amenaza grave para el sistema.
En fin, lo que resulta claro es que la nueva ley de inspección y vigilancia abre un espectro de sanciones e intervención por parte del MEN en asuntos académicos, administrativos y financieros con un nivel de detalle que obliga a todos a estar muy atentos.
Nadie quiere estar en las listas de IES investigadas que de tarde en tarde publica el Ministerio.
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