ABOGADOS

A raíz del escándalo suscitado con la denuncia instaurada contra el Presidente de la Corte Constitucional, por un presunto delito de cohecho, que habrá de ser el suceso más notorio dentro de la cadena de titulares de prensa de jueces y abogados, viene bien decir una verdad de a puño: el problema no es el sistema de justicia, sino los juristas que la operan.

De acuerdo al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES - en Colombia hay 248 programas de derecho registrados, de los cuales se encuentran activos 179. La cifra es alta si se tiene en cuenta que en toda Alemania hay solamente 44 universidades en los que se puede estudiar derecho - casi los mismos que hay en Bogotá -, en España hay 73 y en Canadá solamente 21.

La carrera de derecho es una de las más demandadas en Colombia, pero mantiene un índice de deserción del 44.6%, muy similar al referente nacional. Por su parte, los valores de matrícula tienen diferencias abismales para el año 2014, según datos del Observatorio de la Universidad Colombiana: de $13.144.000 la mayor a $1.316.932 la menor.  

Según un estudio del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (2011), en Colombia hay un promedio de abogados por cada 100.000 habitantes de 354.4, el cual es uno de los más altos del mundo. Ese mismo informe reporta que la tasa en Rusia es de 43.9 y en Suecia de 49.4.

Estos son los datos reales de una profesión que necesita reinventarse en profundidad y que debe hacerlo de forma urgente. Las muchas reformas que se han dado en Colombia exigen a los abogados una nueva forma de trabajo, una actualización permanente y el desarrollo de capacidades y habilidades para las que no siempre los preparan en las facultades de derecho.

Tal es el caso del manejo de los juicios orales o de los métodos alternativos de solución de conflictos, o de nuevas ramas especializadas como el derecho energético, de telecomunicaciones, del medio ambiente, de comercio internacional, de propiedad intelectual, por citar algunas, que son necesarias para desempeñarse en el mundo de hoy.  

Pero el mayor reto en la formación de estudiantes, es que puedan seguir haciéndolo de por vida, y ofrecer herramientas que los capaciten para hacer su trabajo con calidad y ética. La acreditación de calidad de programas de derecho como condición para la formación de jueces, así como el papel certificador de colegios de abogados, sin duda contribuiría a recobrar la confianza en la justicia.