A VECES LLEGAN CARTAS

Con la excusa de la revisión de asuntos cambiarios y alguna amenaza de posibles sanciones a las IES que no colaboren en dichas investigaciones, recientemente han llegado a algunas universidades colombianas un oficio del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela requiriendo información de nacionales de dicho país, que cursan programas de educación superior en Colombia. 

Una primera aproximación al asunto obliga a dar un manejo cuidadoso en cuanto a la protección de datos personales en el que la finalidad de la información requerida no es del todo clara y la autoridad que requiere estos datos no resulta de obligatorio acatamiento en Colombia. Pero ya es sabido que para todo hay excusas y habrá quien opte por pedir autorización a las personas requeridas para entregar al tercero dicha información y de esa manera acatar la ley y evitar inconvenientes con el gobierno vecino. 

Este hecho me ha hecho recordar que hace varios años algunos miembros de la comunidad académica venezolana requirieron el apoyo de la universidad colombiana frente a la recurrente vulneración de la autonomía universitaria por parte del entonces presidente Hugo Chávez y a las modificaciones constitucionales que afectaban su ejercicio. No diré que el pronunciamiento de la universidad colombiana y de sus agremiaciones fue tímida, sino que nunca se produjo, aunque para consuelo de tontos tampoco lo ha hecho el grupo del proceso de Bolonia, a pesar de que la defensa de la autonomía universitaria es uno de sus elementos fundacionales.

No entregar información al gobierno bolivariano no sólo constituye una expresión valida de la autonomía universitaria, sino que puede ser un gesto básico de solidaridad con los miles de estudiantes que son perseguidos y asesinados en estas de horas de oscuridad que viven los venezolanos.