LA MALA EDUCACIÓN

Los resultados de las pruebas PISA 2012 sobre la educación de los jóvenes de 15 años publicados la semana pasada nos devuelven a una verdad sabida: que nuestra educación es de pésima calidad, que nuestros jóvenes no están siendo formados para el mundo actual y que nuestros profesores no están preparados para la educación del siglo XXI.

Es cierto que el informe que incluye una prueba en tres campos de conocimiento (matemática, ciencias y lectura) y en el que Colombia ocupa el puesto 62 en matemáticas entre 65 países, debe ser mirado con la reserva de los criterios de cualquier ranking, como por ejemplo unas competencias generales para todos países sin distingo alguno, o que un país como Latvia tenga un lugar destacado frente a Finlandia, no dejan de preocupar los pésimos resultados.

La Fundación Compartir recientemente publicó un "Estudio de Calidad Educativa", cuyo propósito es hacer una propuesta sobre la organización del sistema público de formación y manejo del recurso docente que permita al país tener una mejora sustancial en su calidad de la educación básica, secundaria y media, basado en cinco ejes fundamentales, cuyas principales consideraciones jurídicas son:

a. Formación de excelencia previa al servicio: Los programas de licenciaturas corresponden a una formación de educación superior, por tanto la intervención en ellos debe analizarse, acordarse y coordinarse con IES teniendo en cuenta en el caso de las universidades la figura constitucional de la autonomía universitaria.

De otro lado, deben reformarse las condiciones específicas de calidad para la obtención del registro calificado respectivo, lo mismo que para efectos de la acreditación del programa, lo cual debe hacerse vía MEN, es decir, por reglamento.

b. Reclutamiento de los mejores: Esta propuesta es perfectamente factible a través del MEN o del ICFES por reglamento. En referencia a las becas, es importante destacar que en el 2012 estas entidades las ofrecieron, tanto para capacitación como para estudio de un grupo seleccionado de bachilleres en programas acreditados de alta calidad.

Los beneficios planteados en el documento habrán de regularse por parte del gobierno a través de decretos similares a los actualmente vigentes, pero precisando su aplicación en el tiempo, docentes que cobijaría y un régimen de transición a fin de no afectar derechos adquiridos o derecho a la igualdad de otros docentes.

c. Evaluación para el continuo mejoramiento: La Ley 115 de 1994, en su artículo 81, determina la necesidad de evaluación de los docentes por periodos de seis años, pero no fija los parámetros para reglamentarlo, lo cual produjo la declaratoria de inexequibilidad de la norma en ese sentido; de manera que para poder modificar los mecanismos de evaluación es necesario presentar un proyecto de ley en el Congreso de la República, adicionando la Ley 115 mencionada, en el sentido de elaborar los parámetros necesarios para que el ejecutivo la pueda reglamentar.

Habría de preverse adicionalmente el establecimiento, en los estatutos docentes, la terminación de la relación laboral de aquellos docentes que no alcancen puntajes mínimos requeridos en el proceso de evaluación o que no demuestren procesos de mejora continua durante determinado período de tiempo.

d. Programas especiales de desarrollo profesional: Es perfectamente viable, a través de planes de capacitación para docentes, generar estos programas, los cuales podrían incluir incentivos en escalafón, lo cual en otras ocasiones ha mostrado resultados satisfactorios. Los planes de capacitación se elaboran mediante actos administrativos de carácter general, llámense decreto o resolución ministerial, y abarcaría los grupos de docentes que están bajo distintos regímenes, lo mismo que a los docentes nuevos, con las particularidades que se requieran.

e. Remuneración competitiva: La Ley 4 de 1992 estipula los criterios y las condiciones para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, que incluye a los educadores, lo cual es factible realizar vía reglamento.

Actualmente la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 2001 y el Decreto 2277 de 1979 prescriben los incentivos para docentes. Por tanto, la modificación en el sentido de crear nuevos incentivos requiere un proyecto de ley que deberá tener curso en el Congreso de la República.

La voluntad política para estas transformaciones educativas debería estar por encima de cualquier debate electoral. Ni siquiera la búsqueda de la difusa paz puede ser más importante que la aspiración social de formar a nuestros jóvenes con altos estándares de calidad y tener a los mejores profesionales en las aulas de clase. Mientras ello no suceda, quien pueda pagar bonos de US$10.000 y matrículas de US$1.000 que lo haga para que sus hijos tengan alguna oportunidad sobre esta tierra.