COMENTARIOS AL PROYECTO DE LEY 128 DE 2012

Actualmente cursa en el Senado de la República el Proyecto de ley 128 de 2012, "por medio de la cual se establecen lineamientos para el cambio de pensum académicos y cobros de matrículas en la educación superior". De manera simple, el proyecto de ley establece que los estudiantes que ingresen a un programa de educación superior tendrán la garantía de que este no será modificado y que sus matrículas serán incrementadas hasta un máximo del IPC del año inmediatamente anterior. 

Por su parte, el artículo 23 de la CP establece que la autonomía universitaria se manifiesta, entre otras, en la facultad de las instituciones de educación superior para darse y modificar sus estatutos y asumir la organización que considere adecuada para la consecución de sus fines. Luego, este proyecto plantea de entrada serias dudas sobre la constitucionalidad de su contenido, que al no existir una norma estatutaria que defina el derecho fundamental a la autonomía universitaria, tendría que surtir, en caso de convertirse en ley, una acción de inconstitucionalidad con el fin de obtener el pronunciamiento de la Corte Constitucional.  

Pero más allá de las discusiones legales, el proyecto resulta a todas luces inconveniente. Que las instituciones de educación superior no puedan ajustar sus programas conforme los avances del conocimiento, de la ciencia y de la técnica, es un absurdo que no sucede ni siquiera en la educación básica. Porque alguien habría de estar interesado en privar a estudiantes de educación superior de que sus instituciones quieran innovar sus programas? Porque mayores exigencias académicas pueden afectar derechos adquiridos de quienes cursan un programa académico, frente a un mundo en transformación permanente y una competencia cada vez más exigente? Uno sólo puede entender que se quiere privilegiar programas rígidos que no se han revisado hace décadas. 

Tampoco es secundario el limite al incremento de matrículas, el cual, por demás, ya está regulado por el Gobierno Nacional de manera adecuada. Pero privar mediante norma legal que las IES inviertan en infraestructura o tecnología, decidan acceder a investigación de alto nivel o quieran mejorar la calidad de los docentes, resulta una política en contravía de una educación de superior de calidad en cualquier parte del mundo. La calidad cuesta y en educación superior cuesta en el largo plazo.      

Por suerte, ASCUN presentó un documento serio de observaciones a este proyecto de ley, que debería obtener el apoyo y la visibilidad de la comunidad académica. No estaría de más, que el Ministerio de Educación también estableciera su posición.