La presentación de una - preocupante - exposición de motivos de la MANE, la radicación de proyectos de ley sobre ofrecimiento de doctorados por parte de centros de excelencia, de autonomía universitaria por ASCUN, el aumento de recursos públicos para la SUE, entre otros, hacen parte de una agenda legislativa que no puede ser desconocida por el Gobierno Nacional.
La frustración generada por el archivo del proyecto de reforma a la Ley 30 no deslegitima al Ministerio de Educación como actor de estas discusiones, bajo el paraguas de presuntos "compromisos" asumidos con la MANE para no cumplir su función constitucional de intervenir en la regulación de la educación superior.
Muchos actores del sistema tienen hoy en día visiones importantes de la dirección que a de darse al sector y que pueden aportar al Ministerio de Educación en temas como financiación, autonomía, inspección y vigilancia, inversión privada, tipología, pero también en el papel de la educación superior en asuntos como la paz, los derechos humanos, ciencia y tecnología, en fin, todos aquellos en los que pueda ser un factor de transformación social, según su misión.
La llegada de una nueva Viceministra de Educación Superior, que según parece, será Patricia Martínez, es garantía retomar el rumbo que permita construir propuestas del Gobierno como actor principal en la configuración de la política de educación superior.
P.D. Debería discutirse el papel de las IES en los procesos de contratación del estado, sustituyendo el deber legal de las entidades públicas en estas actividades ajenas a su misión y exponiendo la buena imagen que de aquellas tiene la sociedad.
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