"El Ministerio de Hacienda aplazó la aprobación de recursos por el orden de $70 mil millones del Presupuesto General de la Nación para el 2016, que estaban destinados para consolidar la IES de la Fiscalía General de la Nación, Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia CIJ", se lee en una noticia publicada esta semana por el Observatorio de la Universidad Colombiana.
Es cierto que los dos últimos gobiernos han incrementado de manera significativa el aporte de recursos de la nación en educación, pasando de $8.6 billones en el 2002 ($1.4 de ellos para educación superior) a $28.9 en el 2015 ($3.6 para educación superior), a los que habría que agregar recursos adicionales provenientes del recaudo del impuesto CREE, o la estampilla pro Universidad Nacional, entre otros.
También lo es que el gasto público en educación en Colombia, que llega a representar el 5% del PIB, es importante frente a lo que invierten países de la región y, aún, está en el promedio de países de la OCDE.
Pero es muy importante considerar que estos recursos de la nación se destinan en un porcentaje cercano al 92% a gastos de funcionamiento, a lo cual es necesario adicionar que los esfuerzos han estado concentrados en mejorar cobertura, con lo cual los gastos en inversión y calidad resultan siempre marginales.
Se trata entonces de definir políticas para modificar la inflexibilidad del sistema, invertir recursos en acciones de real impacto como formación docente, infraestructura y tecnología, así como implementar incentivos de fomento para IES privadas que representan cerca del 50% de la matrícula.
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