Cooper vrs. Aaron (1958) fue una decisión
histórica de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que sostuvo que los
Estados estaban obligados por sus decisiones, pese a la resistencia de
diversas autoridades de Arkansas de cumplir el fallo del caso Brown vrs. Board
of Education.
Tras la negativa del gobernador de acatar la
decisión que buscaba permitir la integración racial en las escuelas aceptando a
nueve niños de color en una escuela superior de Little Rock, alegando problemas
de orden público, así como la decisión de un juez federal de postergar la
aplicación de medida en razón a la duda sobre la interpretación constitucional
de dicha decisión, la Corte Suprema se pronunció en 1958.
El caso fue planteado como Aaron versus Cooper, por William Cooper, director del sistema educativo de Little Rock, y John Aaron, que era el primero de la lista de los demandantes de color.
La Corte emitió por primera vez en su
historia un fallo firmado por todos sus integrantes, como si los nueve hubieran
sido ponentes, buscando con ello enfatizar que “Ninguna legislatura estatal, o funcionario ejecutivo o judicial puede pelear
contra la Constitución” (can war against the Constitution).
La importancia de esta sentencia radica en la garantía
de los derechos fundamentales en cabeza de máximo tribunal constitucional
americano, pese a que constituía una teoría impopular en buena parte de la población.
Esto demuestra, por si hubiera alguna duda, que los derechos fundamentales no
pueden dejarse en manos de las mayorías, ni pueden estar sujetos a la lógica
del voto popular.
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