La reciente intervención de la Universidad San Martín por parte del Ministerio de Educación era un hecho previsible, deseable y urgente. Hay que destacar la firmeza de Gina Parody en esta situación que venía siendo reclamada hace muchos años por manejos que eran ampliamente conocidos.
Muchos factores deben haber influido en la crisis de esta Universidad. El rápido crecimiento de las IES en Colombia hace necesario el fortalecimiento de su gestión, que en nuestro medio todavía es incipiente, así como la fragilidad del MEN en sus procesos de inspección y vigilancia, son algunos de ellos.
Pero sin duda alguna el caso de la San Martín no es un hecho aislado, sino que corresponde a un crecimiento importante de IES privadas (206), frente a las oficiales (62), a pesar de haber mantenido la matrícula en proporciones similares (54% para estatales frente a 46% para privadas).
Sin embargo, el Decreto 2219 de 2014, publicado 4 días antes de la intervención de la Universidad San Martín, preocupa más que la enfermedad. Allí se establece la facultad del MEN para intervenir académica, financiera y administrativamente cuando "evidencie que en una Institución de Educación Superior se incumplen los objetivos previstos en el artículo 6o. de la ley 30 de 1992 ....... sin perjuicio de la investigación administrativa que se deberá adelantar".
Un Rector de una Universidad me preguntaba recientemente si podrían ser intervenidos, sin formula de juicio, por construir un hospital universitario. Yo preferí no responder.
Este Decreto mal redactado, con inconsistencias en las normas citadas, que viola gravemente la Constitución y la ley, podrá haber servido para sancionar a una Universidad - que no lo creo - pero debe desaparecer inmediatamente de nuestro ordenamiento jurídico.
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