La Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ) ha aparecido en noticias ante la posibilidad de su cierre. A menos de dos años de su creación y tras la inversión de más treinta y cinco mil millones de pesos, resulta sorprendente el anuncio del fracaso de este proyecto que en su momento ocupó toda la atención del Fiscal General de la Nación.
La razón del cierre se fundamenta en la falta de aprobación de presupuesto para su funcionamiento por parte del Congreso de la República, lo cual haría improbable su funcionamiento para el 2016, salvo que se lograra una adición presupuestal en lo que resta de legislatura. Pero es fácil adivinar que las motivaciones son más profundas.
Aparentemente la relación entre Eduardo Montealegre y el Rector de la CIJ, Cesar Augusto Solanilla Chavarro, se ha deteriorado hasta la enemistad. Como resultaría previsible, la historia ha derivado en lo policial: allanamientos a la institución de educación, retiro de funcionarios muy valiosos por considerar que "filtran" información a la Fiscalía y la soledad de un Rector que, además de su pobre gestión, se resiste a renunciar por estar concentrado en una millonaria indemnización en caso de ser destituido.
Pese a la presencia de la Ministra de Educación en el Consejo Directivo, esta no se ha pronunciado sobre el posible cierre de esta institución universitaria pública, ni se han formulado planes de fomento. Tan sólo el Fiscal General ha anunciado que pasará a ser una escuela de altos estudios (¿???).
En los días que corren la autonomía universitaria parece un concepto vago y en cada foro se habla de ella con reservas, pero tratándose de estos establecimientos públicos, es una risa.
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