En días pasados estuve en el Ministerio de Educación a raíz de unas observaciones realizadas a una universidad en relación con una importante reforma curricular de un programa del área de la salud. Mi interlocutura en el Ministerio resultó ser una estudiante en práctica con el fin de obtener su título profesional, con un total desconocimiento – como no – de la normatividad y del contexto académico que un proyecto de esta naturaleza implica. Debo decir que el asunto fue resuelto de la mejor manera y con gran amabilidad por parte de funcionarios de esa entidad.
Lo sucedido no es nuevo. He oído a funcionarios decir que las universidades no pueden hacer inversiones y aun abrir procesos disciplinarios por ello, adelantar investigaciones sin ningún rigor, resolver negativamente registros calificados por formalidades inocuas y reconocer personerías jurídicas sin el lleno de los requisitos legales. Alguien dirá que así funciona lo “público” pero no siempre fue así, pues en algún tiempo – antes de que un decreto modificara la Ley 30 de 1992 – el ICFES fue un centro de pensamiento y de referencia de la educación superior.
En los tiempos que corren, en los que se debate en el mundo el modelo de educación superior que requiere y que reclama esta sociedad vale preguntarse quien podrá ayudarnos. En la discusión sobre el futuro de la universidad en México, se precisaba que la voz de los estudiantes debía ser escuchada pero no sacralizada.
En Colombia, preocupa que el debate sobre la reforma a la Ley 30 de 1992 se ha entregado a un grupo de estudiantes – que no son todos ni son tantos - reunidos en la MANE, que me hacen recordar el monólogo del pendejo de Facundo Cabral, sin que el gobierno exponga una propuesta propia, ojala construida con la comunidad académica, y sin contar con una masa critica que le permita afrontar que cualquier aspiración de cobertura o de calidad que se quiera lograr.
http://www.youtube.com/watch?v=CHtrFNbm2Ys
GERMAN VILLEGAS G.
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