La Universidad Nacional está viviendo por
segunda vez en lo corrido de este año un cese de actividades liderado por un
grupo menor de funcionarios sindicalizados de esa Institución. En el mes de
marzo pasado, el paro por más de un mes estuvo a punto de provocar la suspensión
del semestre académico.
En esta oportunidad, además de estar al
borde de la misma suspensión, ya se ocasionó la interrupción del proceso de
admisión del que participarían más de ocho mil aspirantes, lo cual no había
sucedido nunca antes y que generará para el próximo semestre una universidad
sin estudiantes.
Lo que se discute es básicamente un asunto
de mejora salarial, en medio de acusaciones de malos manejos administrativos,
relacionados con incrementos salariales selectivos, estado crítico de su
infraestructura y una posible incorporación de algunos predios en el proyecto
de renovación urbana de la CAN.
Sin importar los argumentos que puedan
existir, no resulta admisible que un puñado de personas mantenga bloqueado de
manera violenta el campus universitario más importante del país (Ver https://twitter.com/mantillaignacio/status/375994235000209408). Ningún
fundamento de autonomía universitaria, o de derecho a la protesta legitiman
este tipo de comportamientos que son rechazados por la misma comunidad
universitaria.
Pero en el país de las paradojas, la UN
acaba de obtener el 45.8% del total programas elegibles de doctorado convocado
por COLCIENCIAS (https://twitter.com/mantillaignacio/status/375777210516246528). Además, el 75% de los recursos del CREE liberados en esta
semana serán destinados a las universidades públicas, que se suman a otros que
se tramitan actualmente en el Congreso.
Tal vez no sea suficiente, pero cabe preguntar porque quienes se quieren considerar repúblicas independientes no
sometidos a la Constitución y la ley de este país, andan reclamando recursos del
presupuesto nacional.
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