El mundo enfrenta una gran transformación en educación superior generada por el aumento en la demanda, los retos en conocimiento, ciencia, tecnología e innovación; así como los recursos que requiere el sistema para responder las necesidades de la sociedad, con lo que se ha convertido en un tema de estudio y de especialidad por parte de diferentes actores sociales.
Es así como para el año 1970 había en el mundo 28.6 millones de estudiantes de educación superior, mientras en el año 2007 llega a los 152.5 millones[1]. De la misma forma, los estados han generado políticas de calidad con el fin de responder a la flexibilidad de currículos y programas académicos, consolidar los sistemas de evaluación, promover la movilidad de investigadores, docentes y estudiantes, y diferentes asuntos que plantean, entre otros, los rankings internacionales[2]. Todo ello demanda un creciente porcentaje de recursos que siempre resulta insuficiente y que ha llevado a discutir los resultados de la asignación de recursos públicos[3].
Colombia no ha sido ajena a este fenómeno global. Los datos en educación superior del Ministerio de Educación Nacional para el año 2010 indican un incremento de la cobertura 24% en 2002 al 37% en 2010, del gasto público como porcentaje del PIB del 0,95% para 2002 al 1,08% para el año 2010; así como la construcción de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior que garantiza que todos los programas académicos que se ofrecen en el país cumplen con las condiciones mínimas de calidad que certifica el Registro Calificado; así como la acreditación de alta calidad por parte del CNA a 676 programas académicos (11.8% del total) y 22 instituciones de educación superior, 9 públicas y 13 privadas. Estos indicadores son acordes con tendencias similares en la región.
Pese a lo anterior, los retos son enormes para las 342 instituciones de educación superior registradas en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES, de las cuales el 55.4% corresponde a instituciones públicas y el 44.6% a privadas; las cuales se concentran en Bogotá y los departamentos de Antioquia, Valle, Santander y Atlántico (63%). Los bachilleres que se gradúan al año, pasaron de 414.424 en 2002 a 625.446 en 2010, con una proyección al 2019 cercana a un millón, quienes ingresarán en un 62.44% a programas universitarios, 26.83% a tecnológicos, 5.55% a técnicos y el 5.15% restante a programas de postgrado[4]. De otra parte, solo 2 universidades colombianas aparecen en el ranking de Shanghái y entre las 15 mejores instituciones de educación superior de Latinoamérica[5].
Frente a estos retos, se ha dado un proceso de constitución de nuevas instituciones de educación media y superior, a la vez que han surgido retos enormes para las existentes que les permita garantizar su proceso de crecimiento con calidad, en un marco regulatorio cada vez más complejo, del cual participan el sector educativo, el Estado y la sociedad en general, en la búsqueda de responder los retos que plantea el Siglo XXI.
Paralelo a este crecimiento y complejidad de la educación superior se ha venido construyendo un nuevo enfoque teórico y técnico del derecho, “una nueva disciplina del derecho, una nueva rama del derecho, a saber: el derecho educativo o derecho de la educación, la cual se encarga de reunir, clasificar, organizar, estructurar, fundamentar, etc., la legislación educativa, sus principios y supuestos para la adecuada operatividad dogmatica y orgánica de este corpus. Por otra parte es dable hablar de una nueva rama del derecho, el Derecho Educativo, así como se habla del Derecho Administrativo, del Derecho Mercantil, del Derecho Agrario, del Derecho Aéreo, etc., pues ya no puede dejar de tomarse en cuenta que el Derecho Educativo, esto es toda la legislación sobre el Sector Educacional de los pueblos, está destinado a regir la conducta humana. Tampoco se pueden ignorar, a fines del siglo XX, los múltiples problemas de la aplicación que dichas normas plantean al aplicador y a los individuos o grupos que deben acatarlas[6]”. [7]
Los hechos descritos anteriormente refieren un entorno de la educación superior bastante dinámico tanto en el entorno Colombiano como en el mundo y plantean permanentes cambios en la normatividad vigente y el entorno internacional. Los requerimientos de servicios jurídicos para la constitución de instituciones de educación superior, el registro de programas, los procesos de certificación de alta calidad, las investigaciones de las autoridades gubernamentales y demás relaciones con diferentes entes gubernamentales, así como el manejo especializado en asuntos de propiedad intelectual, derecho laboral, derecho urbano, entre otros, hacen parte de este derecho educativo y exigen el ofrecimiento de servicios jurídicos por parte de organizaciones especializadas.
[1] Conferencia Mundial de Educación Superior, UNESCO, París, año 2009.
[3] Ver “Nuevas Direcciones en Financiamiento de la Educación Superior, Modelos de asignación del aporte público”, Ministerio de Cultura y Educación Secretaría de Políticas Universitarias, Buenos Aires, Argentina, Primera Edición, diciembre de 1996.
[5] Gazzola, Ana Lucía y Didriksson, Axel “Tendencias de la Educación Superior en América Latina y el Caribe” IESALC, Caracas, 2008.
[6] Escobar, Edmundo, “El Derecho Educativo”, México, 1983
[7] Ver también: García de Enterría Eduardo y Tomás –Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo I, Civitas, España, l984.
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