De todas las competencias
otorgadas por la ley al Ministerio de Educación Nacional, en ninguna hay mayor
decidía y graves violaciones a derechos fundamentales, como en aquella de convalidar
títulos otorgados por instituciones de educación superior extrajeras. Lo que en
principio se trata de un examen de legalidad del título y de la institución que
la otorgó, así como de aspectos académicos del programa cursado, se convierten
en un proceso incierto, complejo, pero especialmente largo para quienes
necesitan ejercer su desarrollo profesional en Colombia y, seguramente, pagar créditos
que les han implicado estudiar fuera del país.
Las demora de 2 y 3 años
en un proceso que debería ser muy sencillo, especialmente cuando se trata de
instituciones o programas acreditados en los países de origen de los títulos,
no tiene justificación alguna y extraña que no tenga consecuencias para los
funcionarios que no dan respuesta oportuna y de fondo, o que requieren
documentos no establecidos en la normatividad colombiana o, peor aún, que
deciden negar las convalidaciones con base en información no evaluada.
Los organismos de control
poco o nada hacen sobre corregir estas situaciones amparados en algún
antecedente de presentación de un título falso, como si no existieran
mecanismos de verificación de esta información. Solo, recientemente, algunas
acciones de tutela han obligado al Ministerio de Educación a dar pronta
respuesta a las personas afectadas.
El gobierno nacional
debería poner lupa en estos procesos que están afectando a miles de familias en
el país, expedir finalmente la resolución que propone simplificar y agilizar
los trámites de convalidación, pero, especialmente, dar respuesta de fondo a
los procesos que llevan archivados durante años, sin que las personas afectadas
puedan continuar sus estudios, tener acceso los trabajos dignos, contar con
información cierta del estado de sus procesos y muchos otros derechos
fundamentales que se desconocen con esta negligencia del Estado colombiano.
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