lunes, 2 de septiembre de 2013

POT DE BOGOTÁ FAVORECE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Siempre que se considera la creación de una IES o cuando se evalúan los proyectos educativos institucionales de las que ya existen, el asunto de la infraestructura siempre resulta un factor crítico. 

El POT recientemente derogado en Bogotá, que constituye la norma básica de organización de la ciudad, restringía los inmuebles con uso dotacional educativo que permitieran el funcionamiento en educación superior, lo que propició una especulación que en algunos casos resultó escandalosa.

Más allá de la discusión de su origen "ilegitimo" por la forma en que fue expedido, el Decreto 364 de 2013 se constituye hoy en día en el mapa de navegación de Bogotá. Pese a que tiene más de 900 páginas y es muy pronto para precisar sus alcances, allí se evidencian algunos temas que pueden impactar la vida universitaria en la ciudad, al menos, mientras se resuelven las múltiples acciones judiciales que se han anunciado.

Lo que resulta más novedoso de la norma es la posibilidad de transformar el uso de cualquier inmueble de un área inferior a 20.000 mts2 a dotacional, a través de unas acciones de mitigación que resultan bastante razonables, relacionadas con movilidad, medio ambiente y servicios públicos, pero suprimiendo, por ejemplo, las exigencias de parqueaderos que tantos dolores de cabeza han traído a muchas IES. 

Esto va a permitir concretar los planes de desarrollo de infraestructura en educación superior en Bogotá, además de ser una oportunidad privilegiada de legalizar predios que no cuentan con el uso del suelo adecuado. Ello, siempre y cuando no se encuentren en áreas de riesgo o de protección especial y tengan legalizadas sus construcciones.   

Resulta entonces un buen consejo que las IES que cuenten con sedes en Bogotá y quieran adecuar la norma urbanística con el uso del suelo correspondiente, inicien los trámites a la mayor brevedad, pues es sabido que la vida de la norma es incierta.  

Finalmente, se esperaba que el POT precisara los alcances del proyecto de incorporación de los predios de la Clínica Santa Rosa, de la Unidad Camilo Torres y del Edificio Uriel Gutiérrez de la UN en el proyecto de renovación urbana del CAN, liderado por el gobierno nacional, lo cual no sucedió. 



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