LA NECESIDAD DE UNA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Las situaciones presentadas recientemente con la Universidad San Martín y la Universidad Autónoma del Caribe, aunque con particularidades bien diferentes, han puesto al MEN en las primeras planas de los medios de comunicación, cuestionando de una u otra manera el papel de inspección y vigilancia surtido en cada proceso.

En el caso de la Universidad Autónoma del Caribe lo que se investiga básicamente es la violación a la prohibición de realizar operaciones con controladores o directivos, o sus familiares, ya sea actuando como persona natural o a través de una persona jurídica, vulnerando así su naturaleza de institución sin ánimo de lucro.

La Universidad San Martín por su parte no habría cumplido las condiciones mínimas de calidad de algunos de sus programas, con la consecuente cancelación de los registros calificados correspondientes, investigación de la que alegan presunta vulneración al debido proceso.

Queda la pregunta de si las situaciones presentadas en estas instituciones resulta excepcional o no, es decir si cabría pensar que otras IES de educación superior son utilizadas para beneficio particular de sus “propietarios” o si las demás universidades cumplen con las condiciones de calidad exigidas a la Universidad San Martín.

Lo que se reitera entonces es la dificultad para que el Viceministerio de Educación Superior establezca la política, autorice la constitución de IES y la creación de programas, desarrolle actividades de fomento y, adicionalmente, realice la función de inspección y vigilancia que le corresponde por la CP. En ninguna otra actividad del estado, le son asignadas a un ministerio todas estas funciones.

Situaciones presentadas con estas universidades, sumadas a otros asuntos como los de publicidad engañosa, control al otorgamiento de títulos y certificaciones, registro de directivos y miembros de junta directiva de IES, procesos de rendición de cuentas y reporte de información financiera, deben ser ejercidos por una Superintendencia de Educación Superior. Este debate no debe ser postergado por el Gobierno Nacional.