En Colombia se ha venido planteando hace varios años la posibilidad de crear una Superintendencia de Educación Superior como organismo que ejercería la función de inspección y vigilancia asignada por la Constitución al gobierno nacional.
Si bien nunca se ha dado a conocer un proyecto de creación de dicha Superintendencia de Educación Superior, en Chile acaba de promulgarse una ley que da creación a este organismo, con el fin de fiscalizar a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Sus funciones son básicamente las siguientes:
1) Dar cumplimiento a la prohibición de publicidad engañosa.
2) Velar porque la celebración de exámenes, así como el otorgamiento de títulos y certificaciones se adecuen a las normas previamente establecidas por la Institución.
3) Llevar un registro de directivos y miembros de junta directiva de instituciones de educación superior.
4) Establecer los procesos de rendición de cuentas de las IES y mantener actualizada la información financiera de ellas.
5) Coordinar las funciones de esta Superintendencia con las demás entidades públicas del sector de educación superior.
Lo que se evidencia del caso chileno es que fue un proceso complejo, con fuertes reacciones en diversos sectores y que tomó cerca de 2 años para convertirse en ley.
La conclusión que a mi que queda es que para que haya autonomía universitaria es necesario que exista un marco de inspección y vigilancia muy claro y con un organismo profesional, solido e independiente que la ejerza. Esa función ejercida actualmente por el MEN a través de una Subdirección de un Viceministerio no es adecuada y, por el contrario, ha generado espacios para que otras entidades públicas, como la Superintendencia de Industria y Comercio, actúen ante las IES con total desconocimiento del sector.
Esa fragilidad institucional genera vulneraciones reales al ejercicio de la autonomía universitaria.
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